El asunto tenía origen en una reclamación de deuda emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social para exigir la devolución de una prestación extraordinaria vinculada a la reducción de facturación durante la etapa COVID. La Administración reclamaba al interesado determinada cantidad, al considerar firme una resolución previa dictada por una mutua colaboradora.

El cliente acudió al despacho al entender que no había tenido conocimiento efectivo de la resolución que daba lugar a la reclamación y que no se habían respetado correctamente sus derechos de defensa durante la tramitación administrativa.

Desde el despacho se estudió el expediente administrativo y se centró la estrategia procesal en los defectos de notificación y en la indefensión generada al interesado. Se puso de manifiesto que la comunicación realizada por correo electrónico no podía considerarse suficiente en las circunstancias del caso, al no quedar acreditada una recepción válida por parte del destinatario.

También se destacó que el procedimiento de revisión se había desarrollado sin respetar adecuadamente el trámite de audiencia concedido, lo que impedía considerar firme la resolución que servía de base a la posterior reclamación de deuda.

Baeza Lezcano asumió la dirección jurídica del asunto y formuló recurso contencioso-administrativo frente a la resolución desestimatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social. La intervención se orientó a acreditar que la actuación recaudatoria se había iniciado sin una resolución firme en vía administrativa y que ello afectaba directamente a la validez de la reclamación de deuda.

La defensa combinó el análisis técnico del procedimiento administrativo con una estrategia procesal centrada en la protección del derecho de defensa del administrado.